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EL OSCURANTISMO INTELECTUAL EN LA UNMSM

MOISES VARGAS, 14.06.2005 02:30


ESTE ARTICULO TRATA SOBRE LOS HECHOS, ACTORES Y ACONTECIMIENTOS SUSCITADOS A RAIZ DE LA INTERVENCIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA, POR PARTE DEL GOBIERNO CORRUPTO Y VENDEPATRIA DE A. FUJIMORI, CONTRA LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO 1995-2000. EL OBJETIVO FUE DESPOLITIZARLA, COMBATIR A LA OPOSICIÓN/SUBVERSIÓN Y ADECUARLA ADMINISTRATIVAMENTE PARA LOS FINES E INTERESES PRIVATISTAS, EN DESMEDRO DEL INTERES SOCIAL Y COLECTIVO.


ARTICULO
EL OSCURANTISMO INTELECTUAL EN SAN MARCOS: INTERVENCIÓN ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA Y CORRUPCIÓN POLÍTICA DURANTE 1995-2000

ESTE ARTICULO TRATA SOBRE LOS HECHOS, ACTORES Y ACONTECIMIENTOS SUSCITADOS A RAIZ DE LA INTERVENCIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA, POR PARTE DEL GOBIERNO CORRUPTO Y VENDEPATRIA DE A. FUJIMORI, CONTRA LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO 1995-2000. EL OBJETIVO FUE DESPOLITIZARLA, COMBATIR A LA OPOSICIÓN/SUBVERSIÓN Y ADECUARLA ADMINISTRATIVAMENTE PARA LOS FINES E INTERESES PRIVATISTAS, EN DESMEDRO DEL INTERES SOCIAL Y COLECTIVO.

EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y LA CONSECUENTE DESPROTECCIÓN SOCIAL, SE IMPLEMENTA EN EL PERÚ, A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1993, QUE MUTILA Y SUPRIME MÁS DE 53 ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES QUE PROTEGÍAN LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LA PERSONA. LOS CAMBIOS MÁS RELEVANTES EN LO QUE RESPECTA A ÉSTOS DERECHOS, RADICAN EN EL HECHO DE QUE HAN SIDO DESPOJADOS DE SU CARÁCTER DE DERECHOS FUNDAMENTALES, AL SER LITERALMENTE SACADOS DEL TÍTULO REFERIDO A LOS DERECHOS Y DEBERES BÁSICOS DE LA PERSONA; COMO ES, EL DERECHO DE GRATUIDAD A LA EDUCACIÓN PUBLICA EN TODOS SUS NIVELES.
El gobierno fujimorista tramó ?modernizar y readecuar corporativamente? las universidades publicas para los fines e intereses privatistas, en desmedro del interés social y colectivo; y para ello urgió intervenir las principales universidades publicas del país, no solo violentando militarmente su autonomía, sino también interviniendo en los asuntos académicos y administrativos vía ?Comisiones Reorganizadoras?. ?Para esta vil tarea no faltaron los Paredes Manrique, los Medina, los Fajardo y toda suerte de aventureros y apostatas del neoliberalismo que apoyados por las fuerzas de las botas quieren hacer de la universidad un lugar donde la democracia interna, el pensamiento critico, la gratuidad de la enseñanza, el co gobierno universitario, el derecho a la organización, el derecho a la libertad de cátedra, tacha y de pensamiento no tienen lugar en el modelo de universidad que quieren implementar?. (Editorial de la Revista Nueva Universidad. N° 1. 1996)
El proceso de transición hacia la despolitización universitaria, el intento permanente de privatización y la reducción sistemática del presupuesto de San Marcos, se caracterizaron por la abierta y decidida participación del gobierno dentro del proceso. La presencia de las FF. AA en el campus universitario desde junio de 1991 hasta fines de 1998 y la conformación de la Comisión Reorganizadora que tomaría las riendas de la universidad desde 1995 fueron las acciones más visibles y concretas en este sentido. La razón que dio el gobierno para llevar adelante estas acciones fue el evidente deterioro de la institución, es decir, la estrepitosa caída de los niveles de calidad en la formación profesional, el caos administrativo y el descuido de la infraestructura universitaria. Los cambios, a excepción quizás de la calidad académica, son mas que notorios. (Laqui, M. 2000)
El periodo de universidad popular ?clasista? 1961-1994, ingresa a su etapa crepuscular en los años 1990- 1995, cuando San Marcos es intervenida militarmente por los soldados del Ejercito con el objetivo de erradicar la subversión y despolitizarla mediante la fuerza de la intervención a partir de 1995 y sin un plan políticamente conciente, abre sus puertas nuevamente a los demás sectores sociales. (Burga, M. 2002).
Efectivamente, el 25 de mayo de 1995, el gobierno y Congreso de mayoría fujimorista mediante ley N° 26457, ordena la ?reorganización? de dos importantes universidades nacionales de Lima. La citada norma establece en su décimo articulo que ?El proceso de reorganización a que se refiere esta Ley se iniciará con la Universidad Enrique Guzmán y Valle y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos?, y encarga al Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo la designación de Comisiones Reorganizadoras, cargos que fueron asumidos por docentes que avalaban la intervención y guardaban simpatía por la política fujimorista. En San Marcos, se nombró una comisión interventora conformada por cierto grupo de profesores sin ninguna o discutible calidad académica que, sin ser generales o brigadieres, estaban dispuestos a cumplir el mismo rol. Sin embargo el fracaso de los interventores fue total, no solo porque no tenían un proyecto de universidad, producto de las limitaciones de sus miembros, sino, fundamentalmente, por su condición de serviles intermediarios de las decisiones de la dictadura. (Meza, A. 2001).
Al respecto, existen evidencias documentarías, testimonios escrito y en audio que permiten reconstruir escenarios e identificar a posibles autores intelectuales de esta intervención. Por ejemplo, ?La campaña psicosocial del SIN, en el Parlamento y la prensa ?pro intervensionista- fue ?exitosa?. Martha Chávez, Anastasio Vega, Manuel Paredes, Torres y Torres Lara, y Martha Martina, el 23 de mayo en la noche, dos días antes de la intervención paseaban felices por el patio de San Fernando, inspeccionando su próximo trabajo sucio. Entonces, el domingo 25 de mayo, se publica a través del Diario Oficial El Peruano la Ley N° 26457, la misma que declara en reorganización a San Marcos, entonces ?... los canales 4 y 5 de TV recibían a Paredes con los brazos abiertos por que era los ?salvadores de la crisis sanmarquina?. Los iracundos rostros de - periodista ?asalariados?- Roxana Canedo, Nicolás Lucar, Federico Salazar, Sol Carreño y Mónica Delta, hacían bombo al nuevo dictador y encontraban ?terroristas? e ?inmorales? de toda clase en San Marcos...? (ver Informe de la Comisión de Profesores Separados y Cesados de San Marcos). Por su puesto los fujimoristas mencionados propusieron y sustentaron la medida ante el Congreso, valiéndose para ello de la situación interna de pugna política que acontecía en la universidad y las irregularidades de orden económico, político y electoral cometidas por el Rector Dr. Wilson Reateguí, en su intento de reelección al rectorado. A la opinión pública simplemente se le inventó la historia trágica de que los autores del atentado en el Hotel María Angola y Tarata eran alumnos sanmarquinos y así ?propagandisticamente? se justificó la intervención. El flamante presidente de la Comisión Reorganizadora, Dr. Manuel Paredes Manrique, designado a dedo por el gobierno justificó la medida así: ?La aprobación de Ley de Reorganización de la UNMSM causó sorpresa general en el ámbito nacional e internacional. La ciudadanía la interpretó como una respuesta al atentado contra el hotel Maria Angola, perpetrado la víspera por SL; desconociendo la grave crisis por la que atravesaba la universidad -por eso- todos debemos tener presente que la reorganización de San Marcos no es arbitraria, ni inmotivada, sino plenamente justificada y es Constitucional?. De este modo San Marcos, ingresa a un período de oscurantismo y conformismo intelectual, de autoritarismo y corrupción.
Durante los 6 primeros meses de gobierno la Comisión Interventora implementó y ejecutó una política de ?limpieza? contra sus adversarios y potenciales opositores políticos. Como primera medida se ordenó una purga masiva de docentes, estudiantes y trabajadores bajo el pretexto de normalizarla y modernizarla al amparo de la citada ley, que entre otras cosas que facultó a la Comisión a ? aplicar un programa de incentivos al retiro voluntario.. Así como de realizar exámenes de evaluación y selección para efectos de adecuar los recursos humanos acorde a la nueva estructura?. Como resultado de esta medida fueron despedidos cientos de docentes universitarios, quienes aparentemente no fueron ratificados o no lograron aprobar la ?evaluación docente?, medida ordenada por el gobierno tuvo como objetivo deshacerse de sus opositores por móviles y venganzas políticas. En los diversos juicios seguidos a Manuel Paredes Manrique, se comprobó que en dichas evaluaciones nunca existieron Tablas de Evaluaciones ni puntaje de ninguna clase que evalué objetivamente.
Al respecto el destacado sociólogo y crítico mordaz del poder intervensionista el Dr. Cesar Germana Cavero, sostuvo en una entrevista local en 1996, acerca del primer año de la intervención, que los objetivos no se han cumplido. No han logrado reorganizar ni académica ni administrativamente la universidad. Siguen los viejos problemas de San Marcos: baja calidad de la enseñanza y de la investigación, un presupuesto reducido y sueldo de los docentes que no coinciden con su elevada calificación y la existencia de formas autoritarias de ejercer el gobierno universitario. Afirma que para desarrollar una autentica tarea o reforma universitaria es indispensable la autonomía académica y de gobierno, y enfatiza que una universidad intervenida por el poder político no es una universidad. (Germana, C. 1996)
Con la designación de la Comisión Reorganizadora, el Ejército acuartelado desde 1991 en San Fernando, la Casona del Parque Universitario, la vivienda universitaria y el segundo piso del Comedor de Estudiantes de la Ciudad Universitaria, recibe el encargo de la seguridad y vigilancia interna. Y solo con su presencia imponían el respeto y el orden y jamás emplearon la fuerza y mucho menos las armas. (Paredes, M. 2000). Sin embargo, los infiltrados del SIN vigilaban día y noche a los profesores, estudiantes y trabajadores administrativos opositores, a quienes grabavan, tomaban fotos y filmaban para elaborar luego informes de inteligencia detallando todas las actividades de éstos en la universidad, las mismas que eran remitidas exclusivamente y en forma confidencial al Dr. Manuel Paredes Manrique, presidente de la Comisión Reorganizadora. También se prohíbe todo tipo de reunión al interior del campus universitario y se instala en el Rectorado del edificio Kennedy, un centro de operaciones de espionaje e infiltración. Al respecto, se monto sendos contratos de servicios de seguridad con empresas fantasmas, como la Cooperativa de Trabajo y Fomento al Empleo ?Continental Ltda.?, La Cia de Servicio ?Topoliz? y FT Technology & Services S.R.L. a quienes la universidad pagaba alrededor de 4,720.00 soles mensuales durante el periodo de 1997-2000.
Se ha comprobado que la infiltración del SIN, llegó al extremo de reclutar al propio personal administrativo de la universidad para sus fines, específicamente la Jefatura de la Oficina de Seguridad y Vigilancia a cargo entonces de la servidora administrativa, Clara Quispe Miranda, (Ver Informe N° 003-OGSOM-OSV-96) quien informaba y coordinaba con el Ejército, y la propia DINCOTE acciones de seguimiento, investigación y detención de alumnos y civiles en el campus universitario. El referido documento cita textualmente lo siguiente: ?Asimismo se logró ubicar al Sr. Jaime Cubillas Caycho, quien es buscado por la DINCOTE, por haber participado en varios atentados a puesto policiales, se encuentra matriculado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, sigue el 4to año de estudios en el turno noche, aula 250?. También es conocido la figura del Mayor (r) Leonidas Flores Bellido, CIP N° 019419, quien trabajaba bajo las órdenes del Dr. Pascual Chávez Ackermann, ex decano de la Facultad de Ciencia Contables. Éste mediante informes confidenciales ?novedades del servicio? obtenidos por el agente de seguridad L. Vegas y orienta opinión a su jefe, sobre como se debe gobernar una universidad militarizada. Al respecto mediante informe confidencial del 24 de mayo de 1996, el referido militar en retiro, dice: ? se aprecia claramente que los señores profesores y empleados administrativos de la Facultades de Letras y Educación son pasibles de convencimiento y débiles de carácter para imponer la disciplina en sus respectivas Facultades, permitiendo que en los claustros sagrados de la UNMSM, se cree una fuente de caldo de cultivo de ideas subversivas, ya que atacar al ?Sr. Rector? y a los señores miembros de la Comisión Reorganizadora, por supuestas irregularidades, con la ayuda de estos señores ?profesores?, no es más que pretexto para unir y concienciar en sus principios sediciosos de estos elementos negativos infiltrados en la UNMSM, al alumnado de reciente ingreso y previa confusión de sus ideas les inculquen que todo lo actuado por la Comisión Reorganizadora en malo y pernicioso?. Culmina este punto el infortunado ?estratega de seguridad? y mercenario a sueldo recomendado a las supuestas autoridades universitarias lo siguiente: ?Esta situación debe contemplarse en la magnitud del peligro que se avecina, por lo que se sugiere se adopte alguna medida disciplinaria ejemplarizadora a fin de cortar de raíz estas indisciplinas con la única finalidad de conservar el bien ganando prestigio de nuestra gloriosa y decana UNMSM, porque permitir actitudes anómalas como el presente involucrarían a autoridades en complicidad de hechos delictuosos que pudieran producirse posteriormente?. Al respecto nótese el alto grado de persuasión, ingerencia y manipulación para la toma de decisiones que ostentaban los agentes del SIN, sobre las autoridades universitarias en temas de seguridad, infiltración, seguimiento y control político sobre sus adversarios.
Sin duda un gran sector docente se mantuvo de capa caída. Mientras que otros se pasaron al lado del fujimorismo encarnado en la figura de Nefasto Paredes Manrique o se sirvieron y convivieron con él. Realmente fueron pocos por profesores sanmarquinos dignos y valientes que supieron enfrentar en todo momento al autoritarismo desde diferentes perspectivas.
Sin embargo no es consecuente generalizar por que hubo ?intelectuales que si son ? o fueron- colaboradores políticos directos o mimetizados del gobierno. Otros se han erigido en conciencia vigilante de una vuelta a la institucionalidad democrática burguesa con la esperanza de coparticipar del nuevo poder político. Otros asumen un rol político crítico creyendo ingenuamente que el Perú puede transformarse con el ejercicio de una libertad de representación y una democracia no popular... De otra parte otros intelectuales han seguido el camino de la autocensura apabullados por el terrorismo de Estado?. (Lazo, C. 2000)
El sector administrativo también fue durante golpeado y mermado con el despido de alrededor de 150 trabajadores vía ?renuncia voluntaria? para los servidores del régimen Ley 20530 y mediante examen de suficiencia a los del régimen de la Ley 19990. Se han podido recoger testimonios desgarradores sobre el impacto sufrido por los trabajadores declarados ?excedentes?. Por ejemplo, es conocido el caso del Sr. Cesar Barrionuevo, un Servidor del Comedor de Estudiantes de Cangallo y dirigente sindical afiliado al SUTUSM, quien se suicida luego de ser declarado ?excedente? y por tanto despedido de la universidad.
También se ha comprobado la estrecha y fluida colaboración del Dr. Manuel Paredes Manrique, con la Dirección Nacional Contra el Terrorismo-DINCOTE. Este en su afán de ?limpiar San Marcos de terroristas? entregaba información permanentemente y selectiva sobre las actividades académicas, laborales, gremiales, familiares, etc., que realizaban los docentes, administrativos y estudiantes al interior y fuera del campus universitario. Efectivamente Mediante Oficio N° 794-CR-96, del 16 de julio de 1196 ?da respuesta al Oficio N° 698-D4-DINCOTE- solícitamente informa a un alto oficial, sobre la situación, ubicación y actividades laborales, gremiales y personales de tres empleados administrativos y el profesor universitario Dr. Virgilio Roel. La información ofrecida sobre uno de los servidores, el Sr. Freddy Esteban Huaraz Riquez, es contundente para confirmar los abusos e irregularidades cometidas por dicha comisión. Al respecto el citado informe señala textualmente: ?El señor Huaraz Riquez, Freddy Esteban es servidor administrativo que labora en el comedor de la ciudad universitaria. Tiene título profesional de abogado UNMSM, año 1992. Su internamiento en el Penal no obra en su legajo personal?. La persecución y discriminación sobre dicho trabajador se muestra en lo siguiente: ?En la actualidad he ordenado se le cambie a otra dependencia fuera de la ciudad universitaria para que cumpla tareas muy especificas y concretas, que es muy probable no acate y que nos permitirá proceder a su destitución?.
Los casos de abuso de poder contra los estudiantes durante el período de intervención fueron actos anticonstitucionales y represivos. Sobre ellos pendía una tenebrosa ?Comisión de Procesos Disciplinarios para Alumnos?, presidida por el Dr. Miguel Ángel Vilca, y se encargaba de expectorar a los estudiantes ?eternos?, ?revoltosos? y de ?permanencia irregular? en la universidad. La separación era una sanción administrativa que se imponía al alumno como medida ?disciplinaria? en tres casos específicos: por ?bajo rendimiento académico?, ?permanencia irregular? y ?actos de vandalismo?. Y se montaba sumarios procesos administrativos sin derecho a defensa. La separación de los estudiantes de la universidad durante el período de intervención es a nuestro juicio vergonzoso e ilegal. Teniendo en cuenta que educación superior es un derecho de un valor inalienable al ser adquirido por el ciudadano.
Las cifras documentadas con que se cuenta la Comisión de la Verdad San Marcos 2001 son reveladoras. Por ejemplo, durante el primer año de intervención -hasta diciembre de 1996- fueron separados 582 estudiantes, de los cuales 566 fueron separados en el mes de junio, por ser considerados ?alumnos eternos?, y entre agosto y octubre, hubo 15 separados por ?actos de vandalismo contra las personas y bienes de la universidad, con motivo del proceso de matrícula 1996 y/o celebración del 445° Aniversario de la Universidad?, según la Resolución Rectoral N° 2025-CR-96. En realidad la medida se adoptó en represalia contra aquellos estudiantes, entre ellos los alumnos Rene Meza de la Facultad de Educación, Martín Colan de Sociología, Edgardo Huarachi de Derecho, Julio Atauje de Contabilidad, Doris del Rosario Vera Torres y Meissie Antuanuet Gálvez Osorio de Letras y otros más, quienes dirigieron y participaron en la protesta estudiantil rechazando el cobro e incremento del costo de matrícula, en defensa de los derechos estudiantiles y por las constantes críticas que recibía la Comisión Reorganizadora por parte de las organizaciones gremiales y estudiantiles contra el modelo privatista que pretendía introducir el Dr. Manuel Paredes Manrique?. (Ver Revista Nueva Universidad, UNMSM. 1996).
Asimismo el 26 de marzo de 1996, mediante Resolución Rectoral N° 2025-CR-96, se apertura proceso disciplinario ?blanco? a un grupo de alumnos de la Facultad de Medicina, que aparentemente resultaron responsables de atentar contra la propiedad de la universidad o impedir el normal desarrollo de las actividades académicas en esa Facultad, y 11 de junio del mismo, mediante Resolución Rectoral N° 35 19-CR-96, se amonesta en forma verbal y escrita a 7 estudiantes de la Facultad de Medicina. Una decisión a nuestro juicio algo sospechosa, teniendo en cuenta lo que sucedía con alumnos de otras facultades ?Derecho, Educación o Ciencias Sociales, quienes eran acusados, procesados y automáticamente separados por similares cargos.
En 1997, mediante Resoluciones Rectorales N° 0048-CR-97, 00853-CR-97, 01475-CR-97, 02696-CR-97, 05369-CR-97, 05860-CR-97, se separa definitivamente de la universidad debido a bajo rendimiento académico y permanencia irregular del nuevamente definitivamente 133 estudiantes, de los cuales 91 corresponde a las 5 Escuelas de la Facultad de Medicina, y 42 alumnos a la Facultad de Farmacia y Bioquímica respectivamente. Y en enero de 1998, se inició la purga con la separación de un alumno de la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas, mediante Resolución Rectoral N° 00067-CR-98. En conclusión, según estos datos en sólo 19 meses de gestión -de junio del 96 a enero del 98- la Comisión Reorganizadora había separado definitivamente de modo abusivo e ilegal de la universidad alrededor de 700 estudiantes. Asimismo aceleradamente se inicia la modificación del Estatuto de la universidad mediante la emisión masiva de resoluciones rectorales que la sustituía con el fin de adecuar su gestión a los requerimientos del gobierno de turno, al libre mercado y de acuerdo a los criterios e intereses de los interventores.
Entre 1998 y 1999 hubo un intento, por parte de un sector de representantes estudiantiles de los Centros Federados, de reconstruir la Federación Universitaria de San Marcos ?FUSM- con la intención de enfrentar organizadamente a la Comisión y a la dictadura fujimorista. Estos órganos gremiales de los estudiantes formalmente no habían sido proscritos ni prohibidos por la Ley de Reorganización N° 26457, ni por la Comisión Reorganizadora, aunque directamente actuaba contra ellos arrebatándoles sus locales. La iniciativa reconstructora fracasa, a pesar de haberse constituido un Comité Electoral, con el apoyo de Transparencia y la Defensoría del Pueblo. Esta propuesta se desarticuló debido al excesivo celo y mezquindad política que acentuó serias desconfianzas sobre el tema de la representatividad legal y la dirección gremial. Los grupos políticos estudiantiles tampoco comulgan con la idea, pues tenían escasa presencia política en los Centros Federados participantes y fue saboteado través del paralelismo y protagonismo de los grupos políticos con el apoyo de la dirigencia del Centro de Estudiantes de Medicina y culminó con la toma del local de la FUSM.
Al culminar el año 2000, San Marcos volvió a encaminarse a la democracia interna. Efectivamente el 5 de noviembre de 2000 mediante Ley N° 27366 se ordena el cese de la Comisiones Reorganizadoras de las cinco universidades públicas intervenidas durante la dictadura fujimorista, para entonces se encontraban tomadas las universidades Federico Villareal y posteriormente San Marcos, por sus propios alumnos en protesta y por el cambio de todas las autoridades serviles a la dictadura.
Ya en el año 2001 al volver la democracia al país y a San Marcos, se puede constatar que existen elementos suficientes para afirmar que la calidad de la enseñanza, la formación profesional y las oportunidades del mercado a los egresados de San Marcos constituyen realidades poco alentadoras, cuestionables y contrario a lo que se ha predicado ?y algunos lo han creído- durante los últimos 7 años pasados. Pocos recuerdan, por ejemplo, que durante periodo de intervención el Vice Rectorado Académico, fue desactivado y no se creó ningún ente u organismo especializado que asuma sus funciones, se reemplazó el Vice Rectorado Administrativo por la DIGA, a pesar que la ley interventora N° 26457, solamente establecía la vacancia de los cargos. Del mismo modo se incorporó sin concurso público a docentes de dudosa calificación académica y experiencia en docencia superior. La Primera Vice Presidencia a cargo del Dr. Gabriel Huertas Díaz y el propio Paredes Manrique, eran quienes decidían a criterio particular sobre los asuntos académicos en toda la universidad y pregonaban en todas sus presentaciones públicas: !SAN MARCOS ES TRADICIÓN, CALIDAD Y EXCELENCIA ACADEMICA!. En realidad la Comisión Reorganizadora hizo a un lado la tradición democrática universitaria al desconocer al Consejo Universitario, como el órgano ejecutivo de gobierno. Estos hechos y otros, como adquisiciones, compras, estudios y elaboración de proyectos para la edificación de obras por la modalidad de administración directa fueron denunciados en su momento ante la Contraloría General de la República, por los propios miembros disidentes de esta comisión, pero hasta la fecha se desconoce los resultados de esta demanda.
En la actualidad casi la totalidad de docentes se han reincorporado, pero muchos de ellos han quedado fuera por diversos motivos, tal es el caso del Dr. Alfredo Torero*, ex Vicerrector Administrativo y docente de la Facultad de Letras, quien permanece exiliado en España, debido que pesa sobre él una orden de captura por el delito de terrorismo en el Perú. Del mismo modo desde 1991,el profesor Heraclides Lorgio Carlos Dávila**, docente de la Facultad de Matemáticas, permanece recluido, acusado de terrorismo, en el penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro, pese a que un Fiscal Superior Penal de Lima, se pronunciará a favor de su libertad y sin merito a juicio oral. Ambos docentes nunca recibieron apoyo institucional ni asesoría legal de parte de la universidad.

Ciudad Universitaria, mayo del 2002.


MOISÉS VARGAS, Estudiante de la Facultad de Psicología. Fue miembro de la Comisión de la Verdad de la UNMSM 2001-2002



* El Dr. A. Torero falleció en el exilio en el año 2004 en España.
** El Prof. Carlos Dávila Heraclides Lorgio, se encuentra actualmente en libertad y retomó la cátedra en la Facultad de Matemática de la UNMSM

Ciudad Universitaria, mayo del 2005.


- e-mail:: moisesva@latinmail.com
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